La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento de revisión de oficio, en relación con el capítulo de la partida 31L relativo a ayudas a empresas e instituciones, que lo que persigue no es "tanto cuestionar la legalidad o no del conjunto de las ayudas ni el procedimiento", sino "detectar fraudes". Las empresas tendrán la posibilidad de plantear alegaciones exponiendo por qué y para qué recibieron las ayudas.

"Nuestro máximo interés es detectar aquellas partidas que no llegaron a su finalidad, esto es, a apoyar a una empresa o a trabajadores, sino que tuvieron una finalidad fraudulenta", según ha explicado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Ha explicado que esos expedientes de revisión tienen como misión fundamental dar la ocasión a las empresas de hacer alegaciones y comprobar, por lo tanto, dónde ha podido "haber fraude de esa parte de la partida conjunta de la 31L".

Moreno ha augurado que este proceso será largo porque es complejo, al tiempo que es muy importante la fase de alegaciones que van a tener todas las empresas para que puedan justificar por qué recibieron ayudas y para qué. Ha insistido en que el procedimiento de revisión es una herramienta muy interesante para que aflore el "eventual fraude que se haya podido cometer" en algunas empresas.

Ha querido dejar claro que la Junta va a recuperar y va a iniciar el reintegro de cualquier cantidad que se haya percibido ilícitamente, con independencia de las responsabilidades penales de pueda haber.

Asimismo, Mar Moreno ha expresado que la Junta sigue manteniendo que el conjunto de la partida del 31L, que tiene la finalidad de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, se dirigió a su finalidad, sigue viva y es imprescindible para que cualquier comunidad pueda apoyar a empresas en situación de crisis.