Los depositarios judiciales del campo de Gibraltar valoran "satisfactoriamente" el "cambio de actitud" de los responsables de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía sobre los bienes intervenidos por órganos del poder judicial, según han manifestado en un comunicado.

Asimismo, han afirmado que lo "lamentable" es que este reconocimiento "sólo" se haya producido a raíz de que los depositarios del Campo de Gibraltar se vieran abocados, ante el impago del servicio por parte de la Junta de Andalucía, a dejar de prestar el servicio que venían desarrollando, sin solución de continuidad desde los años 90 por impago del mismo.

Los depositarios judiciales han explicado que la medida de trasladar los bienes a la ciudad de Sevilla no resuelve el problema de fondo, ya que argumentan que "la Junta de Andalucía sigue sin abonarnos el importe devengado por los servicios prestados, deuda que se remonta a los años 90".

Además, han añadido que "no han procedido, a pesar de que así se solicitó por nuestra parte en agosto de 2009, a la retirada de todos los bienes intervenidos que se encuentran en nuestras instalaciones, por lo que el traslado, hasta el momento, solo afecta a los bienes intervenidos que actualmente se encuentran abandonados en la calle y a los depositados en las instalaciones de las fuerzas aprehensoras".

En este sentido, los depositarios judiciales han señalado que "la falta de respuesta de la Junta de Andalucía al requerimiento de 1 de agosto de 2009 de que se retiren los bienes que se encuentran en nuestras instalaciones, ha generado desde entonces un coste adicional de unos 2.400.000 euros".

Asimismo, han recordado que "no hay que ignorar que el efecto de trasladar los bienes a la ciudad de Sevilla son, por un lado, incrementar el coste del servicio y, por otro, implica una pérdida de actividad empresarial y puestos de trabajo en nuestra zona", además del "perjuicio de aquellos particulares que para recuperar su vehículo deban viajar hasta Sevilla para retirarlo".

Finalmente, los depositarios se han comprometido a "probar documentalmente, con escritos elaborados por la propia Junta de Andalucía, el carácter judicial de los vehículos depositados en nuestras instalaciones y por tanto la existencia de la deuda que mantiene con nosotros". Así, anunciaron que solicitarán una reunión con el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro.